Neuquén dio un paso para fortalecer su política de administración territorial. El gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley Provincial 263, estableciendo que las tierras fiscales solo podrán adjudicarse o arrendarse a personas humanas o jurídicas argentinas. La iniciativa reafirma además el principio de que la tierra pública debe cumplir una función social, orientada al desarrollo productivo, el arraigo y la protección de los recursos naturales de la provincia.
La propuesta consolida una visión de largo plazo sobre el patrimonio provincial. En sus fundamentos sostiene que las tierras fiscales constituyen un recurso estratégico para impulsar la producción, generar empleo, ordenar el territorio y preservar el interés público. También advierte sobre la necesidad de evitar la concentración indebida de la tierra y garantizar que su uso responda a objetivos de desarrollo sostenible.
En una provincia con enormes desafíos y oportunidades vinculados a la energía, el turismo, la producción y el ambiente, la administración de las tierras fiscales adquiere un valor estratégico. El proyecto busca fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado provincial para planificar el crecimiento y promover inversiones que contribuyan al desarrollo local, respetando el dominio que la Constitución reconoce a las provincias sobre sus recursos naturales.
Más que una modificación normativa, la iniciativa expresa una definición de política pública: la tierra fiscal debe ser un instrumento para el desarrollo de Neuquén. Con esta propuesta, la provincia reafirma un modelo basado en la producción, el arraigo, la planificación y la defensa de un patrimonio que considera estratégico para su futuro.
